La ausencia de custodia de Juana Rivas y el abandono previo de sus hijos siguen siendo puntos clave en el contexto de las disputas legales, mientras las autoridades intentan resolver el futuro del menor.
La jueza de violencia de Granada da la espalda a Juana Rivas pero su hijo no regresará (de momento) a Italia
La magistrada Aurora Angulo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, ha denegado las medidas cautelares concedidas previamente por el juzgado de guardia el pasado día 7 de enero. Aunque esta decisión supone un revés para Juana Rivas, el menor, Daniel, no será obligado a regresar a Italia de inmediato y permanecerá escolarizado en España hasta que se resuelva el nuevo conflicto judicial.
Este caso se enmarca en una serie de decisiones judiciales polémicas que han caracterizado el denominado «Caso Juana Rivas».
Cabe recordar que Rivas, quien abandonó a sus hijos en su momento y no tiene la custodia legal de ellos, huyó a España alegando maltrato por parte de su expareja, Francesco Arcuri.
Sin embargo, las acciones judiciales han subrayado repetidamente que Rivas no tiene la custodia de los menores, y que su actuación en este contexto ha sido motivo de serios cuestionamientos legales.
Desde el despacho de Aránguez Abogados, que representa a Juana Rivas, se critica duramente la actuación de la jueza Angulo, acusándola de no reconocer la violencia vicaria que, según argumentan, afecta a Daniel.
El menor relató ante una jueza de guardia el pasado martes episodios de violencia física y psicológica sufridos por parte de su padre y manifestó terror ante la posibilidad de retornar a Italia. Pese a este testimonio, la jueza Angulo considera que los hechos no son constitutivos de violencia de género y ha dictado un auto inhibiéndose en favor del órgano judicial competente.
El bufete Aránguez Abogados también ha recordado que esta misma jueza archivó en 2016 la denuncia presentada por Juana Rivas tras su llegada a España. Según el despacho, la jueza incumplió el artículo 17 del Estatuto de la Víctima al no ordenar la traducción inmediata de la denuncia ni remitirla a Italia, retrasando el proceso más de un año. Este error, dicen, fue el inicio de las dificultades legales que han marcado el caso.
En la actualidad, ocho años después de los hechos iniciales, la protección del hijo menor vuelve a estar en manos de la jueza Angulo. En una decisión emitida el 9 de enero, esta denegó las medidas de protección previstas en el artículo 158 del Código Civil y consideró que el caso no se encuentra bajo su competencia. Mientras tanto, el menor seguirá en España bajo medidas cautelares.
Este caso, que ha captado la atención pública y generado intenso debate, vuelve a poner en tela de juicio el manejo judicial de situaciones complejas donde se cruzan derechos de menores, acusaciones de violencia y conflictos legales internacionales.
